Valoracio[2]..

 

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Antes de nada conviene saber que:

1º) Los contratos de trabajo celebrados por los Ayuntamientos en virtud del Plan de Choque, no pueden tener una duración superior a 6 meses, así lo dispone el Decreto 65/2009. De manera que sí se prorroga el Plan de Choque tal y como está, deberán contratarse nuevos desempleados.

2º) El contrato de obra o servicio que habitualmente realizan los Ayuntamientos en virtud del Plan de Choque podría muy bien considerarse en fraude de ley porque no se especifica la causa del mismo. De manera que los trabajadores que estén bien informados podrán acudir al juzgado de lo social para que se le reconozca el carácter indefinido de su relación laboral con el Ayuntamiento en base a que su contrato temporal se ha celebrado en fraude de ley y por consiguiente la terminación de su contrato de 6 meses será un despido con derecho a la indemnización prevista para los contratos indefinidos y ello en base a lo siguiente:

Si el contrato de trabajo se ha celebrado bajo la modalidad de obra o servicio determinado se rige por lo dispuesto en el art. 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores y en el Art. 2 del R-D 2720/98 de 18-12 que desarrolla el citado art.15. Ambas normas exigen (ya sea el empleador público o privado):

a) Que el objeto o causa de este contrato es la realización de obras o la prestación de servicios determinados con autonomía y sustantividad propias dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución aunque limitada en el tiempo es en principio de duración incierta.

El portavoz popular en Ordenación del Territorio y Vivienda y Secretario General del Grupo Popular en las Cortes de Castilla La Mancha, Marcial Marín ha lamentado la deficiente política de infraestructuras, vivienda y urbanismo de Barreda durante esta legislatura. Para Marín esta legislatura será “otra legislatura perdida” en autovías regionales y vivienda protegida.

Menos dinero para VPO y muchas prisas para firmar convenios VIPP

Además, según el parlamentario popular Gicaman ha reducido a un tercio su presupuesto destinado a la construcción de viviendas protegidas para el 2010 ya que, según las cuentas presentadas por el Ejecutivo autonómico, se pasará de los 143 millones presupuestados para el 2009 «de los que sólo se han ejecutado 34», a los 53 previstos para el próximo

ejercicio.

Marín lamentó también que 22 promotores de Castilla-La Mancha se repartan casi 129 millones de euros de inversión que hay previstos para la construcción de 1.081 VIPP en toda la Comunidad. Y es que el PP mantiene el argumento de que las VIPP (a las que Marín llama «viviendas a un indecente y prohibitivo precio» jugando son sus siglas), costarán 60.000 euros más que las protegidas y además estas viviendas carecen de ayudas estatales mientras que las VPO pueden llegar a captar 24.500 euros por vivienda. En definitiva Barreda pierde fondos estatales por empecinarse en dar cobertura a amigos promotores y por el contrario hace «inaccesible» el acceso a vivienda protegida para «miles de jóvenes» castellano-manchegos con pocos recursos. “Si esto es política social de vivienda que venga Dios y lo vea”,