¿Son necesarias tantas empresas públicas? ¿Es mejor reducir su número o quizás un plan de austeridad sin que desaparezca ninguna? ¿Son lo suficientemente transparentes? ¿Gastan más de puertas hacia dentro que invierten de puertas hacia fuera? ¿A qué se dedican concretamente? ¿El mérito es el requisito principal para entrar en ellas o priman los intereses políticos?
Como ven, cada vez que tenemos que hablar del Sector Público Regional, es decir de los 78 organismos autónomos, entes y empresas públicas, fundaciones y consorcios que dependen en su mayor parte de la Administración regional, surgen muchos interrogantes sin respuesta clara y convincente por parte de la Consejería de Economía y del propio Barreda.
En primer lugar queremos dejar claro desde el Partido Popular de C-LM que estamos a favor de las empresas públicas pero concebidas dentro de los criterios de transparencia, de eficiencia y eficacia en los casos donde no se presten servicios sociales, no concurrencia de iguales objetos sociales, selección de personal bajo la premisa de capacidad y mérito, etc.…
Y es que no es tanto el número de las mismas como su regulación efectiva para que arrojen unos resultados, transparencia y una contabilidad como Dios manda. Deben en definitiva estar sujetas a una Ley Reguladora del Sector Público en Castilla a Mancha tal y como se aprobó por unanimidad en el pleno de 22 de noviembre de 2007. Han pasado casi dos años y ni el Sr. Barreda ni la Sra. Araújo tienen prisa alguna por materializar un acuerdo de las Cortes de Castilla La Mancha. ¿Por qué no tienen prisa en presentar dicho proyecto de Ley? o es que no quieren que se delate la coincidencia de objetos sociales que tienen algunas, es decir que se dedican a lo mismo o lo diferente y arbitrario de los procesos de selección de personal empleados entre unas y otras o también los distintos criterios de contabilidad empleados para una misma operación. Algunas de estas denuncias dejan entrever anualmente la propia Sindicatura regional de Cuentas en su informe anual de auditoría pero no entra en detalles descubiertos por este grupo como el gran despilfarro del Ente Público de RTVCM, Fundación Virtus,…
Otro elemento preocupante es el gran despilfarro de gasto corriente, especialmente gasto de funcionamiento interno (capítulos 1 y 2) que este monstruo de 78 cabezas fagocita, pues en los últimos diez años ha aumentado su peso respecto del gasto de actuación (inversiones y transferencias de capital) en 15 puntos. Es decir se gasta cada vez más de puertas hacia dentro de cada empresa pública que de puertas hacia afuera, o lo que es lo mismo está más pensado para servirse a sí mismo (recolocaciones) que en servir a los demás. Si a esto le añadimos que dicho gasto se ha multiplicado por 7 en los últimos 10 años ya que el número de entes creados ha pasado de 8 a 78, el mayor crecimiento, con creces, de todas las regiones españolas pues vemos que Barreda está olfateando derrota pero quiere dejar recolocados a los suyos más que ayudar a los municipios, parados, pymes, autónomos, etc. Para que nos hagamos una idea el Gobierno de Barreda transfiere cada año 3 veces más de fondos a estos 78 entes (3.000 millones de euros en 2010) que a los 919 ayuntamientos.
Pero lo más extravagante es que ahora el Sr. Barreda nos anuncia un Plan de Reducción de Empresas Públicas, cuando su propia consejera de Economía, Sra. Araújo dice que no sobra ninguna. El problema no es que se pongan o no de acuerdo, el problema es que es una EXIGENCIA INELUDIBLE que le marca el Ministerio de Economía y Hacienda para intentar poner orden en los números rojos regionales al ver el creciente déficit de nuestra región y la gran deuda acumulada por las empresas públicas de Castilla La Mancha (la 2ª mayor tras Cataluña y el doble que la media nacional). Lo peor es que este obligado plan de ajuste, este obligado plan de reducción del gasto corriente y del número de empresas públicas, fue propuesto hace más de un año por Maria Dolores Cospedal en sus 8 reformas urgentes para sacar de la crisis a Castilla La Mancha y cuantificado a finales del pasado año para evitar endeudarnos más y convertirnos en la región más pobre de toda España tras 28 años de despilfarro socialista.
